Pese a ganar jugosos sueldos mensuales las asesoras y los altos funcionarios del más cercano entorno del gobernador regional Walter Grundel, no estarían cumpliendo a cabalidad con la función que les corresponde, de revisar escrupulosamente los documentos que firma la máxima autoridad del Gobierno Regional de San Martín.
Por el contrario, la irresponsabilidad de dichas asesoras y funcionarios estaría metiendo en serios problemas al gobernador regional, pues al colocar su sello y firma en documentos que no son de su competencia, estaría incurriendo en presuntos delitos que deberían ser investigados por parte del Ministerio Público de la región, aunque ya sabemos que eso sería como pedir peras al olmo, pues mientras para los representantes de la Fiscalía Anticorrupción en San Martín nada de lo que se denuncia en la actual gestión del GORESAM representa algo que deben investigar, desde Lima, la Fiscalía Supraprovincial ya inició investigaciones preliminares por presuntos delitos de lavado de activos.
Ahora bien, vayamos por pasos. ¿Qué es lo que señala la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales respecto a las atribuciones del Gobernador Regional? Transcribimos textualmente el inciso “C” del artículo 21 de la mencionada Ley: “Son atribuciones del Gobernador Regional designar y cesar al gerente general regional y a los gerentes regionales, así como nombrar y cesar a los funcionarios y directivos públicos de confianza, cumpliendo con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y en los documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto”.
Esta parte de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, deja muy en claro, hasta donde llega la competencia del Gobernador Regional para designar al gerente general, a los gerentes regionales (desarrollo social, desarrollo económico, de infraestructura, etc.), a los directivos como es el caso de los directores de las direcciones regionales, y funcionarios, como los jefes de áreas, que son “cargos de confianza”. Asimismo, señala que deben cumplir con los requisitos previamente establecidos en la normativa vigente y “en los documentos de gestión interna que regulan el perfil de cada puesto”.
¿Existen los documentos de gestión interna que regula quienes son considerados funcionarios y directivos de confianza y quienes no dentro del Gobierno Regional de San Martín? La respuesta es SÍ.
En noviembre del 2022, casi en las postrimerías de su gestión, el hoy investigado exgobernador regional Pedro Bogarín, dejó aprobado y vigente el Manual de Clasificador de cargos. En dicho clasificador se establece claramente, que el cargo de “Especialista Coordinador de Área Funcional I”, está considerado como de nivel “Servidor Ejecutivo”, y no es un “cargo de confianza”, por lo que quien pudiera acceder a dicho cargo, tendría que hacerlo a través de un concurso público de méritos. Sin embargo, la firma y el sello del gobernador regional, Walter Grundel, no solo aparece en una resolución ejecutiva regional, sino hasta en tres resoluciones, designando en dos oportunidades y cesando en una, a la servidora bachiller en contabilidad Suzie Yamilet Epifanía Mejía, en el cargo de “Especialista Coordinador de Área Funcional I”, algo que definitivamente no era competencia del Gobernador Regional.
Consultado con abogados especialistas en estos temas, y con amplia experiencia en gestión pública, coinciden en señalar que al haber firmado estas resoluciones, el gobernador regional, Walter Grundel, habría incurrido en una serie de delitos. Por ejemplo, Negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, que es cuando el funcionario público, en forma directa o indirecta o por acto simulado, se interesa indebidamente, en provecho propio o de un tercero, por cualquier contrato u operación en que interviene debido a su cargo. En este caso, al firmar estas resoluciones, el gobernador regional se habría interesado indebidamente en la contratación de un personal cuya designación no era parte de su competencia, según la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y lo estipulado en los instrumentos internos de gestión, como es el caso del Manual de Clasificador de Cargos. Asimismo, se podría configurar el presunto delito de patrocinio ilegal, que se da cuando un funcionario público promueve o asesora intereses de particulares ante la administración pública. En este caso, los intereses de quien resultó beneficiada con esta irregular designación, y que la llevó de ganar 1,800 soles mensuales a 6 mil soles mensuales.
Incluso podría configurarse el presunto delito de nombramiento o aceptación indebida de cargo, que es cuando un funcionario público da un cargo a una persona que no cumple con los requisitos legales para desempeñarse en un determinado puesto. Y la aceptación ilegal del cargo se da cuando una persona que no reúne los requisitos legales acepta dicho cargo.
Este medio de comunicación, solicitó a través de la oficina de imagen institucional del Gobierno Regional de San Martín, una entrevista con el gerente general a fin de que pueda aclarar respecto de esta grave situación, sin embargo, se negaron a brindar declaraciones. Ahora solo queda esperar, si es que algún Consejero, Congresista, Fiscal, Procurador o a quien le competa, investigue estos hechos y de determinarse responsabilidades, se formulen las denuncias respectivas. Por ahora, se conoce que ya desde el Órgano de Control Institucional del GORESAM se habrían solicitado los documentos vinculados con estos hechos a las áreas correspondientes.
Fuente: (Diario Amanecer)
