El Gobierno ha promulgado una controvertida ley aprobada por el Congreso que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal, generando una fuerte controversia. Esta ley modifica el artículo 105 del Código Penal para incorporar dos párrafos en el Decreto Legislativo 635, estableciendo que las organizaciones políticas no podrán ser procesadas judicialmente por ciertos delitos. El proyecto de ley fue aprobado el 10 de mayo por la mayoría del pleno del Congreso.
La nueva legislación representa una carta libre que podría anular juicios históricos con sentencias ya existentes, así como aquellos procesos en curso. Exmandatarios y partidos políticos investigados por la Fiscalía de la Nación se verían significativamente beneficiados, ya que la ley impide acusar de corrupción a estas organizaciones.
El abogado penalista Luis Lamas Puccio criticó duramente la decisión del Congreso, calificándola de “arbitraria e ilegal”, señalando que la ley establece que los partidos políticos no podrán ser disueltos, clausurados o suspendidos por los delitos cometidos por sus integrantes, lo que, según él, fomenta la impunidad y debilitaría la lucha contra la corrupción en el país.
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