Para el día de mañana viernes 18 de junio está programado la audiencia pública virtual por parte de los funcionarios de la EPS Moyobamba bajo la administración del OTASS, con la finalidad de validar el Proyecto de Estudio Tarifario del servicio del agua, bajo la verificación de la SUNASS, sin embargo, los dirigentes del FEDEIMAM a través de una publicación en su cuenta de Facebook, viene alertado a la población el abuso excesivo que estarían cometiendo sobre el inminente alza del precio del agua, considerando que sería la tarifa más alta a nivel nacional.
Según refieren los dirigentes del FEDEIMAM, Moyobamba ha venido pagando la tarifa más alta de la región, enfrentando, sin embargo, los mismos problemas y aún peores sobre la calidad del servicio.
Señalan que en dicho documento en la cual pretenden validar el incremento, no se está tomando en cuenta ningún criterio sobre la situación crítica en la que nos tiene la pandemia del covid 19. Mínimamente, sobre la situación de hacinamiento que precisamente es otro de los factores que agrava la situación complicada que atraviesa la mayoría de la población; pero que según plantea la SUNASS, sólo hay 3.4 habitantes por familia lo cual también presenta imprecisiones.
Los límites en la asignación máxima de consumo, son insuficientes para garantizar el beneficio de la escasa población que accederá a los subsidios cruzados.
“Ya tuvimos un incremento en la tarifa, el mismo que fue publicado el último 06 de abril del año en curso. Por lo tanto, es absurdo plantear un nuevo incremento, más aún con la situación crítica que tenemos en todo el mundo, y que ustedes no están siendo capaces de ver”, precisa en la publicación.
Consideran que, si pueden demostrar, en base a un estudio técnico, la satisfacción de la población con la calidad del servicio (cobertura y continuidad), podemos contrastar con las denuncias públicas hechas por la población, y luego establecer puntos de consenso.
En base a los expuso, solicitan que SUNASS, en su rol fiscalizador, asuma dicha responsabilidad, en la fiscalización de las obras paralizadas o los proyectos que hacen falta para garantizar la cobertura del servicio en la región.
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