Alberto Kenya Fujimori Inomoto, quien fue presidente de Perú desde el 28 de julio de 1990 hasta el 22 de noviembre de 2000, ha hecho una solicitud para que se le otorgue su pensión vitalicia, la cual supera los S/ 15 mil, y otros privilegios económicos como asistente personal y vales de combustible, los cuales corresponden a un expresidente.
Es importante recordar que Fujimori fue indultado en diciembre de 2023 por razones humanitarias, pero aún tiene una sentencia de 25 años de prisión tras el caso Pativilca, el caso Chavimochic, y otros siete casos pendientes, incluyendo uno de los más sensibles que es el de las esterilizaciones forzadas. Por lo que aún enfrenta una deuda de reparación civil de 57 millones de soles debido a condenas relacionadas con irregularidades durante su mandato.
La solicitud ha generado controversia, especialmente porque Fujimori y su abogado, Elio Riera, han estado haciendo múltiples peticiones, siendo la más reciente del 29 de abril, cuatro meses después de recuperar su libertad por orden del Tribunal Constitucional (TC). Riera ha afirmado que también han pedido una escolta presidencial al Ministerio del Interior, argumentando que «todo esto le corresponde por ley» al expresidente.
Fujimori argumenta que tiene derecho a estos beneficios debido a su antigua posición como jefe de Estado. Sin embargo, la Ley 26519, promulgada por él mismo en 1995, establece limitaciones para estas prerrogativas, especialmente para aquellos expresidentes que han sido acusados constitucionalmente y sentenciados por el Poder Judicial, a menos que sean declarados inocentes por el sistema judicial.
El procurador general del Estado, Javier Pacheco, asegura que la pensión vitalicia no procede, señalando que cualquier beneficio económico otorgado al expresidente sería embargado para compensar la deuda que tiene con el Estado, especialmente la reparación civil de S/ 57 millones relacionada con delitos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Además, sostiene que exmandatario no fue declarado inocente.
